Las audiencias celebradas en tres comisiones del Parlamento Europeo durante el otoño indican que la Comisión Europea tiene dificultades para entender la última tanda de sentencias del Tribunal de Justicia de la UE sobre el comercio con el Sáhara Occidental, que se dictó en octubre de 2024.

Estas nuevas sentencias se suman a siete sentencias anteriores que, desde 2015, han concluido que los acuerdos de la UE con Marruecos no pueden aplicarse al Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo del territorio. Las sentencias de 2024 llegaron exactamente a la misma conclusión.

Durante el otoño de 2024, las comisiones de Comercio Internacional (INTA), Pesca (PECH) y Agricultura (AGRI) del Parlamento Europeo han celebrado una primera audiencia con representantes de la Comisión Europea para averiguar cómo responderá la Comisión Europea a las resoluciones. La decisión de celebrar dichos debates en las comisiones especializadas, en lugar de en el pleno, se tomó a principios de octubre de 2024.

En las tres audiencias, los distintos departamentos de la Comisión Europea manifestaron que todavía estaban analizando cómo abordar las resoluciones y que esperaban volver a las comisiones una vez que tuvieran ideas más concretas. Los europarlamentarios, de todos los grupos políticos, expresaron su descontento por la falta de avances de la Comisión en las resoluciones que, según los eurodiputados, eran esperables.

No está previsto que la Comisión Europea presente nada durante las primeras reuniones de las tres comisiones parlamentarias en el nuevo año, lo que sugiere que se han logrado pocos avances desde la última de las tres audiencias (la de la comisión INTA) a principios de diciembre de 2024. Sin embargo, lo que sí está en la agenda de INTA es un intercambio de puntos de vista a puerta cerrada entre el Grupo de Seguimiento de la comisión sobre el Magreb y el Frente Polisario el 28 de enero de 2025.

Lo que quedó claro en las presentaciones de la Comisión ante las comisiones del Parlamento Europeo fue que están estudiando en particular las opciones que ofrece la posibilidad del consentimiento presunto. En las sentencias de 2024 que, una vez más, anularon el acuerdo comercial y el acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos en el Sáhara Occidental, el Tribunal sostuvo que es crucial que el pueblo del territorio consienta la aplicación de un acuerdo en su tierra, y que el consentimiento también puede presumirse bajo condiciones muy estrictas. Las dos condiciones para el consentimiento presunto están establecidas por el Tribunal en el artículo 153 de la sentencia sobre comercio y en el artículo 181 de la sentencia sobre pesca:

• El acuerdo no debe crear obligaciones para el pueblo del Sáhara Occidental;
• El pueblo debe recibir “un beneficio específico, tangible, sustancial y verificable de la explotación de los recursos naturales de ese territorio” que sea “proporcional al grado de esa explotación”.

En las presentaciones de la Comisión Europea ante las tres comisiones, es notable la ausencia de que el Tribunal de Justicia de la UE haya subrayado que el consentimiento, incluido el consentimiento presunto, debe provenir del pueblo del Sáhara Occidental, no de la población del Sáhara Occidental. Este argumento se utiliza en todas las sentencias, incluso en los artículos que detallan las condiciones para el consentimiento presunto. El Tribunal explica inequívocamente que la mayoría de la población del Sáhara Occidental no forma parte del pueblo que tiene derecho a la libre determinación, y que la mayoría de ese ha sido desplazado. Es el pueblo que tiene derecho a la libre determinación quien debe dar el consentimiento.

Las conclusiones clave de las recientes sentencias del Tribunal se pueden encontrar aquí.

Es preocupante que la Comisión Europea oculte este elemento crucial y particular de las sentencias. A raíz de las sentencias del Tribunal en 2016 y 2018 (que ya anulaban los acuerdos comerciales y pesqueros entre la UE y Marruecos en el Sáhara Occidental por falta del consentimiento saharaui), la Comisión Europea optó por consultar a las empresas, los funcionarios electos y las organizaciones marroquíes, en lugar de buscar el consentimiento del pueblo saharaui. El Tribunal ha rechazado firmemente ese enfoque.

“El comportamiento pasado es el mejor predictor del comportamiento futuro y, por lo tanto, nos preocupa que la Comisión pueda explorar qué opciones están disponibles para crear la impresión de un consentimiento presunto sobre la base de actores marroquíes, no saharauis”, dice Sara Eyckmans, coordinadora de Western Sahara Resource Watch (WSRW). “Las relaciones de la UE con Marruecos son de gran importancia y se deben hacer esfuerzos para mantenerlas. Pero alentamos a las instituciones a alinear esos esfuerzos con las sentencias de su Tribunal Supremo y, como tal, a interactuar con el pueblo, que no es lo mismo que la población, del Sáhara Occidental, para todos los asuntos relacionados con el territorio. Tienen derecho a la autodeterminación, lo que significa que tienen el derecho soberano a los recursos del territorio. Respetar eso es la única manera de que la UE se adhiera al derecho internacional y de la UE”.

¿Qué se dijo exactamente en las comisiones de Comercio Internacional, Agricultura y Pesca del Parlamento Europeo? Te lo contamos a continuación.

Audiencia Comisión PECH – 17 octubre 2024

En octubre, Luis Molledo, jefe interino de Negociaciones Comerciales y Acuerdos de Asociación para la Pesca Sostenible en el Departamento de Pesca de la Comisión Europea (DG MARE), dijo a la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo que se necesitaba tiempo para evaluar las sentencias y destacó la intención de la UE de "preservar y seguir fortaleciendo nuestra estrecha relación con Marruecos".

Los miembros de PECH, que representan a todo el espectro político, expresaron unánimemente su decepción con la Comisión. Si bien el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que el Acuerdo de Pesca entre la UE y Marruecos era ilegal en el Sáhara Occidental en octubre de 2024, el propio Acuerdo ya había expirado en julio de 2023. Además, el Acuerdo ya había sido anulado en el Sáhara Occidental antes, en 2018, y la Comisión Europea decidió entonces proceder con un acuerdo modificado con Marruecos que no se adhirió a la sentencia de 2018.

Al mismo tiempo, los miembros de PECH están divididos sobre cómo avanzar. Carmen Crespo (S&D, España) y Francisco José Millán Mon (PPE, España) destacaron la importancia del acuerdo para los pescadores españoles, al igual que Nicolás González Casares (S&D, España), quien afirmó que “el Tribunal de Justicia ha estado minando” la posibilidad de tener un acuerdo, añadiendo –sin ninguna consideración sobre la ocupación del Sáhara Occidental– que “Marruecos y Rusia han ampliado su acuerdo pesquero, por lo que el área que debería ser nuestra está siendo ocupada por otros que no están utilizando técnicas tan sostenibles como nosotros”.

France Jamet (Patriots for Europe, Francia) afirmó que “la democracia está siendo socavada por un grupo de jueces” y que “el Tribunal simplemente decidió por capricho”.

Emma Wiesner (Renew, Suecia) consideró que la sentencia del Tribunal es clara sobre la necesidad de asegurar el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental, y abogó por un debate exhaustivo sobre cómo “abordar las relaciones comerciales con los países involucrados en disputas territoriales mientras se sigue defendiendo el derecho internacional y el compromiso de la UE con los derechos humanos”. Isabella Lövin (Verdes, Suecia) hizo referencia al comunicado de prensa del Tribunal de Justicia de la UE según el cual cualquier acuerdo futuro necesitaría el consentimiento del pueblo saharaui, “no de la población local del Sáhara Occidental, que actualmente son personas trasladadas allí desde Marruecos y no ciudadanos saharauis”. Luke Ming Flanagan (GUE/NGL, Irlanda) dijo que la UE debería utilizar su poder comercial para asegurarse de que la gente no sea reprimida.

Una transcripción completa, realizada por WSRW, del intercambio de puntos de vista con la Comisión Europea sobre las sentencias del TJUE que cancelan el Acuerdo de Pesca UE-Marruecos en el Sáhara Occidental, en la comisión PECH del 17 de octubre de 2024, está disponible aquí.

Audiencia Comisión AGRI – 18 noviembre 2024

Mauro Pionelli, jefe de la Unidad de Vinos, Licores y Productos Hortícolas de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, dijo a los miembros de la comisión de Agricultura que todavía era demasiado prematuro anunciar más pasos y que la Comisión necesitaba más tiempo para evaluar. Sin embargo, afirmó que “es importante destacar que el Tribunal considera que la expresión del consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental al acuerdo en cuestión no tiene por qué ser necesariamente explícita. De hecho, lo que dice el Tribunal es que el derecho internacional no excluye la posibilidad de que el consentimiento pueda otorgarse implícitamente, siempre que se cumplan ciertas condiciones”.

Pionelli enumeró las dos condiciones que el Tribunal ha propuesto para establecer un consentimiento presunto: primero, que el acuerdo no genere obligaciones para el pueblo y, segundo, que establezca que el pueblo reciba un beneficio específico, tangible, sustancial y verificable de la explotación del territorio, un beneficio que también debe ser proporcional al grado de esa explotación.

Pionelli no explicó que las condiciones para el consentimiento presunto se refieren al pueblo saharaui, no a la población del Sáhara Occidental.

Muchos eurodiputados destacaron que ya había problemas con el acuerdo agrícola con Marruecos, en particular en relación con los tomates, donde se considera que los productores marroquíes tienen ventajas injustas sobre sus homólogos de la UE. Diferentes grupos políticos plantearon la necesidad de contar con mejores controles y trazabilidad, y de priorizar los intereses de los agricultores de la UE sobre otras consideraciones comerciales.

Una transcripción completa, realizada por WSRW, del intercambio de puntos de vista con la Comisión Europea sobre las sentencias del TJUE que cancelan el Acuerdo Comercial UE-Marruecos en el Sáhara Occidental, en la comisión AGRI del 18 de noviembre de 2024, está disponible aquí.

Audiencia Comisión INTA - 2 diciembre 2024

Mercedes Bonet Gonzales, directora de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea (DG Trade), se centró en las sentencias del Tribunal sobre el acuerdo comercial preferencial y la sentencia sobre la identificación y el etiquetado de los productos del Sáhara Occidental. Se centró en las condiciones para presumir el consentimiento, dejando de lado que las condiciones se aplican al pueblo del Sáhara Occidental, y no a la población actual del territorio. Subrayó que los servicios de la Comisión todavía estaban estudiando las sentencias.

En relación con la sentencia sobre el etiquetado, dijo que la Comisión ya ha llamado la atención de los Estados miembros de la UE en los Grupos del Consejo sobre su responsabilidad de hacer cumplir y aplicar la sentencia.

María Isabel García Catalán, jefa de la Unidad de Normas de Origen y Valoración Aduanera de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea (DG TAXUD) afirmó que "el Tribunal de Justicia ha dado un poco más de orientación sobre cómo se puede obtener este consentimiento -el consentimiento presunto-. Es bajo esta óptica que la Comisión está trabajando". En ningún momento explicó la diferenciación que hace el Tribunal entre el pueblo y la población del territorio.

Los miembros de la comisión INTA, de todos los grupos políticos, expresaron su decepción por la falta de progreso por parte de la Comisión, dos meses después de las sentencias más recientes. Muchos también expresaron la necesidad de fortalecer y mantener la relación con Marruecos.

La ponente permanente para el comercio con el Magreb, Lynn Boylan (GUE/NGL, Irlanda), afirmó que, en su opinión, "esto tiene tres consecuencias. En primer lugar, para la UE, la necesidad de cumplir con el derecho internacional y las decisiones judiciales; para Marruecos, la pérdida de preferencias arancelarias sobre los productos del Sáhara Occidental que afectan a las exportaciones agrícolas y pesqueras; y, en último lugar, para el propio Sáhara Occidental, el reconocimiento de la necesidad de obtener el consentimiento del pueblo saharaui para la explotación de sus recursos naturales".

Una transcripción completa, realizada por WSRW, del intercambio de puntos de vista con la Comisión Europea sobre las sentencias del TJUE que cancelan el Acuerdo Comercial UE-Marruecos en el Sáhara Occidental, en la comisión INTA del 2 de diciembre de 2024, está disponible aquí.

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